La aprobación del Real Decreto que regula la relación laboral de las personas artistas y del personal técnico y auxiliar de los sectores de las artes escénicas, audiovisuales y musicales ha generado una profunda preocupación en una parte importante del mundo de la danza. Diversos profesionales del sector advierten de que algunas de las nuevas medidas, aunque concebidas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores culturales, podrían tener consecuencias especialmente graves para la supervivencia de numerosas compañías independientes.
La danza lleva décadas enfrentándose a una realidad económica compleja. Se trata de un ámbito en el que los márgenes de financiación son muy reducidos, los cachés suelen ser bajos y gran parte de las compañías desarrollan su actividad en condiciones de gran precariedad. En este contexto, muchas formaciones sobreviven gracias al esfuerzo personal de sus integrantes, a la autofinanciación y a una intensa dedicación que, en numerosas ocasiones, no se corresponde con la remuneración percibida.
Los profesionales más críticos con la nueva normativa consideran que el decreto puede acelerar una situación ya de por sí delicada. En su opinión, únicamente aquellas compañías que cuentan con subvenciones públicas estables o con una sólida estructura económica estarán en condiciones de asumir los nuevos costes laborales derivados de la regulación. Por el contrario, las pequeñas compañías independientes podrían verse obligadas a reducir drásticamente su actividad o incluso a desaparecer.
Uno de los aspectos que más inquietud está generando es el reconocimiento legal de que la creación artística no se limita al momento de la representación o exhibición pública. El decreto establece que los periodos de preparación, ensayo, creación, posproducción y promoción forman parte del trabajo artístico y, por tanto, deben ser remunerados. Una medida que, desde el punto de vista de la protección laboral, supone un avance histórico para los trabajadores del sector, pero que algunos profesionales consideran difícilmente asumible en un mercado con escasa capacidad económica.
Según denuncian numerosas compañías de danza, los presupuestos actuales apenas permiten cubrir los gastos básicos de producción y las actuaciones programadas. La obligación de retribuir todas las fases previas y posteriores al espectáculo incrementará significativamente los costes de cada proyecto. Como consecuencia, muchas formaciones podrían verse obligadas a reducir el número de intérpretes en escena, simplificar sus producciones o renunciar directamente a nuevos montajes.
Los sectores más críticos llegan incluso a advertir de que la medida podría provocar una concentración de la actividad artística en manos de las estructuras más grandes y subvencionadas, dejando fuera del mercado a numerosas iniciativas independientes. En el peor de los escenarios, sostienen, algunas compañías podrían quedar reducidas a una única figura que asumiría simultáneamente las funciones de dirección, coreografía, producción e interpretación, una situación que empobrecería la diversidad creativa y limitaría las oportunidades laborales para bailarines y otros profesionales de la danza.
Esta preocupación surge en un momento especialmente delicado para las artes escénicas, marcado por el incremento generalizado de costes, la dificultad para acceder a espacios de exhibición y la insuficiencia de recursos destinados a la creación contemporánea. Los detractores de la norma consideran que, sin un aumento paralelo de las ayudas públicas, de los presupuestos culturales y de los cachés abonados por teatros y festivales, la aplicación práctica del decreto podría resultar insostenible para buena parte del tejido artístico.
Mientras el debate continúa abierto, sindicatos, asociaciones profesionales y compañías mantienen posiciones enfrentadas sobre el alcance real de la reforma. Lo que parece indiscutible es que la nueva regulación supondrá un cambio profundo en el funcionamiento del sector y obligará a replantear los modelos de producción que han sostenido durante años a gran parte de la danza independiente española.
A continuación se reproduce el comunicado emitido por las organizaciones sindicales sobre esta cuestión.
Madrid, 21 de julio.- El Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde, de manera definitiva, al Real Decreto que regula la relación laboral de las personas artistas y del personal técnico y auxiliar del sector de las artes escénicas, audiovisuales y musicales.
Desde los sindicatos CCOO, UGT, UAA y CONARTE aplaudimos la entrada en vigor de esta norma, que después de 40 años, permitirá adecuar el actual marco laboral a la realidad de platós, salas de concierto y teatros.
El Consejo de Ministros, de la mano del Ministerio de Trabajo, ha dado un paso clave para quienes sacan adelante el sector artístico en este país.
Esta norma reconoce derechos que los sindicatos llevamos negociando y peleando en los convenios colectivos desde hace años y que, a través del conocido como ‘Estatuto del Artista’, pasan a ser de aplicación para todas las personas trabajadoras del sector.
Entre otras, las medidas aprobadas garantizan:
1. Una regulación del trabajo de menores, igual para todo el país, donde prima el interés del menor sobre cualquier otro interés.
2. El reconocimiento de que para realizar una obra artística es necesario un trabajo previo, de posproducción y de promoción, por parte del equipo artístico. Y, sobre todo, que ese trabajo debe ser remunerado.
3. Que el tiempo de trabajo debe estar planificado: con antelación y de manera informada.
4. Que la intermitencia no solo es temporalidad y que las giras y desplazamientos son parte natural del trabajo artístico.
5. Que en los parques temáticos y de atracciones también trabajan artistas.
6. Que la igualdad de derechos y la intermitencia pueden ir de la mano.
7. Que cuando el cuerpo y la intimidad se ven afectados durante un trabajo debe haber una especial atención.
8. Que existirán protocolos anti acoso y planes de igualdad específicos y adaptados a la realidad del sector.
9. Que todas las personas trabajadoras del sector tienen derecho a festivos y vacaciones.
Este Real Decreto lleva más de un año siendo negociado, con el apoyo constante de nuestras afiliaciones, con el objetivo de mejorar el sector y dar garantías ante un mercado cada vez más exigente e internacionalizado.
Desde la parte social consideramos que el grado de éxito conseguido es altísimo, pero sentimos que, por una cuestión formal, no podamos celebrar también la existencia de límites para el uso de la inteligencia artificial generativa. Esta tecnología pone al sector cultural ante un riesgo existencial, pero, sobre todo, sitúa a las personas trabajadoras en una posición claramente vulnerable y por ello desde el sector hemos defendido la necesidad de límites claros. Hemos perdido una oportunidad y esto deja en manos de la negociación individual cualquier cuestión sobre los usos de la inteligencia artificial generativa.
Pese a ello, los sindicatos vamos a seguir trabajando para conseguir límites a estas tecnologías con las herramientas disponibles. La ley de la selva no es una opción y para evitarla seguiremos defendiendo modelos de protección claros y transparentes.
Emilio Tenorio
Imagen IA
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